NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García, cuya deportación por error contribuyó a galvanizar la oposición a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, tendrá audiencias los días 8 y 9 de diciembre en el caso de tráfico de personas que se le imputa en Tennessee.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw escuchará las pruebas sobre las mociones de la defensa que solicitan la desestimación de los cargos y la inadmisibilidad de algunas pruebas. La audiencia estaba programada originalmente para el martes y el miércoles. Una orden presentada el lunes explica que el gobierno “necesita más tiempo para terminar de recopilar y producir documentos”. Ambas partes han estado en desacuerdo sobre qué documentos y testimonios debe proporcionar el gobierno a Ábrego García, a la vez que él intenta demostrar que los cargos en su contra estuvieron motivados por un deseo de castigarlo debido a la vergüenza de haberlo deportado por error.

Esto es lo que necesita saber sobre los acontecimientos más recientes del caso:

Ábrego García es un ciudadano salvadoreño casado con una mujer estadounidense con quien tiene un hijo, también estadounidense. Reside en Maryland desde hace años. Emigró sin autorización a Estados Unidos cuando era adolescente para reunirse con su hermano, quien se había nacionalizado estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, donde enfrenta amenazas de una pandilla contra su familia.

Si bien se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no se le concedió la residencia permanente. Previamente este año, fue deportado por error y recluido en una prisión salvadoreña conocida por su brutalidad, a pesar de no tener antecedentes penales.

Debido a la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero sólo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado inocente de esos cargos y ha solicitado a Crenshaw que los desestime.

Ábrego García está acusado de tráfico de personas y asociación delictuosa para cometer tráfico de personas. La fiscalía alega que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que se encontraban en el país sin autorización.

Los cargos se derivan de una detención de tráfico por exceso de velocidad ocurrida en 2022 en Tennessee. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestran una conversación tranquila con Ábrego García. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes comentaron entre sí sus sospechas de que se tratara de tráfico de personas. No obstante, a Ábrego García finalmente se le permitió continuar su trayecto con tan sólo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la detención de tráfico en la carretera sino hasta después de que la Corte Suprema dictaminara en abril que el gobierno de Trump debía trabajar para traer de regreso a Ábrego García.

Ábrego García solicitó a Crenshaw desestimar los cargos de tráfico de personas por considerarlos una “persecución selectiva o vengativa”.

En una resolución reciente, Crenshaw encontró “indicios de que la persecución en su contra podría ser vengativa”, y dijo que numerosas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump “son motivo de preocupación”. Crenshaw citó específicamente una declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche en un programa del canal de noticias Fox News que parecía insinuar que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque él ganó su caso de deportación por error.

Ambas partes han estado en desacuerdo sobre si se puede exigir a altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Blanche, que testifiquen en el caso.

Rob McGuire, fiscal federal interino para el Distrito Central de Tennessee, argumentó en documentos judiciales que no importa lo que los miembros del gobierno de Trump hayan dicho sobre Ábrego García.

“El responsable de la decisión en materia de enjuiciamiento, el fiscal federal interino, ha explicado oficialmente que este proceso no se inició por motivos vengativos ni discriminatorios”, escribe McGuire en un documento judicial. Añade que cualquier declaración pública de altos funcionarios del gobierno de Trump sobre Ábrego García refleja preocupaciones de seguridad pública que son “claramente compatibles con una motivación legítima para procesarlo”.

Otra moción de Ábrego García solicita al juez que suprima pruebas en el caso. Alega que la detención en la carretera en el 2022 —que finalmente derivó en los cargos de tráfico de personas— fue ilegal, por lo que las pruebas obtenidas en dicha detención no deben utilizarse en el juicio.

En apoyo de esta moción, los documentos judiciales dicen que el agente que lo detuvo declaró que el límite de velocidad era de 65 millas por hora (105 kilómetros por hora), cuando en realidad era de 70 mph (113 km/h). El agente lo acusó de conducir a 75 mph (120 km/h), pero no hay constancia de que utilizara un radar ni que lo siguiera para medir la velocidad. Ábrego García declaró que conducía a 70 mph (113 km/h) y respetaba correctamente el límite de velocidad.

Los abogados del gobierno argumentan que el agente cometió un error involuntario. El límite de velocidad disminuye a 65 mph (105 km/h) aproximadamente 2 millas (3,2 kilómetros) más adelante en la carretera interestatal. Los abogados también señalan que Ábrego García conducía por el carril izquierdo, “lo cual es propio de una persona que excede el límite de velocidad establecido”. Y el agente, agregaron, “no tenía razón ni motivación para inventar una infracción de tránsito en su contra”.

Actualmente, Ábrego García no puede ser deportado a El Salvador gracias al acuerdo de 2019 que determinó que tenía un “temor bien fundado” de que hay peligro para él en ese país. No obstante, el gobierno de Trump ha declarado que no puede permanecer en Estados Unidos. En los últimos dos meses, funcionarios del gobierno han manifestado que lo deportarían a Uganda, Esuatini, Ghana o, más recientemente, a Liberia.

Los acuerdos de deportación del gobierno con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales han señalado que algunos inmigrantes son enviados a países con un largo historial de violaciones a dichos derechos. Pero en junio, una Corte Suprema dividida permitió la expulsión inmediata de inmigrantes a países distintos a sus países de origen y con un aviso con tiempo mínimo de anticipación.

Ábrego García demandó al gobierno de Trump ante un tribunal de Maryland por su deportación anterior, y el juez de ese caso ha suspendido temporalmente su expulsión. Si el juez decide revocar esa orden, los abogados del gobierno han declarado que están preparados para deportarlo de inmediato.

Mientras tanto, Ábrego García ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.