El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha sacudido a la clase política mexicana y reavivado el debate sobre la crisis de seguridad en el país. La presidenta calificó el crimen como “condenable, cobarde y vil” y expresó su solidaridad con la familia del edil.

Afirmó que su gobierno no abandonará a Michoacán ni a sus comunidades, y anunció la presencia del gabinete de seguridad federal en la entidad para reforzar las acciones contra la violencia y reiteró que su administración no repetirá las políticas militarizadas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a las que atribuyó la ola de violencia actual.

En contraste, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Senado responsabilizaron al Gobierno federal y al de Michoacán por el asesinato del alcalde.

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