Morelia, Michoacán.- Desde octubre de 2021, la violencia en Michoacán ha cobrado la vida de siete presidentes municipales. El más reciente, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en el centro de la ciudad. Este trágico suceso resalta un patrón alarmante de ataques contra autoridades locales en la región.

Los alcaldes asesinados pertenecen a diversos partidos políticos, incluyendo el PRI, PAN, PVEM y Morena, lo que indica que la violencia no discrimina por afiliación política. La lista de víctimas incluye a Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, encontrado muerto el 8 de febrero de 2022, y César Arturo Valencia Caballero, edil de Aguililla, asesinado el 11 de marzo de 2022 mientras conducía su camioneta.

El 1 de abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, fue atacado a balazos en una taquería de Morelia. En junio de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, fue asesinada en su municipio, un año después de haber sido secuestrada en Jalisco. Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, fue ejecutado el 5 de junio de 2025, y Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ultimada el 17 de junio de 2025.

Además de estos asesinatos, un alcalde electo, Gilberto Mejía Salgado, del Partido Encuentro Solidario, permanece desaparecido desde el 29 de junio de 2021. Fue secuestrado por un grupo armado mientras abría su negocio en Penjamillo. Hasta ahora, no se han reportado avances significativos en su caso por parte de las autoridades.

A pesar de la creciente violencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha declarado que no ha recibido solicitudes de protección por parte de los alcaldes. En una reciente conferencia, afirmó que mantiene un "diálogo directo" con los ediles para atender sus necesidades, aunque la falta de medidas de seguridad contrasta con el aumento de ataques en la región. La situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno estatal.