La congresista Ruth Luque ha presentado una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, actual presidente encargado del Congreso de la República, por el uso de una cámara institucional en el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo. Este hecho ha desatado una ola de críticas y tensiones dentro de Fuerza Popular. Luque argumenta que Rospigliosi no ha asumido responsabilidad política por este incidente, lo que pone en duda la transparencia del proceso electoral. Según la moción, el uso de recursos del Congreso en un evento partidario representa un claro conflicto de intereses, dado que Rospigliosi pertenece a la misma agrupación política beneficiada. La moción se basa en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, que permite a los legisladores solicitar la censura de miembros de la Mesa Directiva que no garanticen la idoneidad en sus funciones. Luque sostiene que la actuación de Rospigliosi compromete la imagen del Congreso y la independencia que debe mantener frente a los partidos políticos. "La transparencia y la imparcialidad deben ser pilares del Parlamento", afirmó Luque, quien también destacó que el principio de neutralidad electoral es un deber que rige a todas las autoridades del Estado durante los procesos electorales. El escándalo se intensificó cuando se reveló que el trabajador que llevó la cámara al mitin, Daniel Luza, renunció al Parlamento tras el incidente. Luza, quien trabajaba en la Oficina de Participación Ciudadana, tiene vínculos con Fuerza Popular, lo que ha llevado a cuestionar la gestión de Rospigliosi. Fernando Rospigliosi, por su parte, ha emitido un comunicado indicando que se ha iniciado una investigación y un procedimiento administrativo tras el uso indebido de la cámara. Sin embargo, Luque y otros congresistas de la oposición consideran que esto no es suficiente. La moción de censura, si es aprobada, podría resultar en la destitución de Rospigliosi como primer vicepresidente del Congreso, lo que abriría un nuevo proceso de elección dentro de la Mesa Directiva. La decisión final dependerá del pleno del Congreso, que evaluará si los hechos constituyen una falta política grave o un error administrativo. Este episodio se produce en un contexto político tenso, tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Enrique Jeri Oré como presidente de la República. La situación actual exige que el Congreso actúe con ética y responsabilidad, especialmente en un año electoral crucial para el país.