La Fiscalía Regional de Tarapacá ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas dentro del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, compuesta en su mayoría por funcionarios de Gendarmería de Chile. La investigación, que comenzó hace aproximadamente un año, se inició tras el hallazgo de información en el teléfono de un gendarme detenido por posesión de drogas a finales de 2024.

Las indagaciones revelaron que los gendarmes se coordinaban para facilitar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al penal. Hasta el momento, se han realizado más de 24 allanamientos en las regiones de Tarapacá, Bío Bío y La Araucanía, resultando en la detención de 12 gendarmes y siete civiles vinculados a la banda.

Durante las operaciones, alrededor de 150 funcionarios de la Policía de Investigaciones incautaron drogas, armas, municiones, así como $13 millones en efectivo y aproximadamente 7.000 euros. La organización criminal había estado operando desde al menos 2023, utilizando un sofisticado sistema para evitar ser detectados, lo que les permitió recibir pagos a cambio de permitir el ingreso de sustancias ilícitas.

Los pagos eran triangulados a través de cuentas bancarias de terceros, principalmente parejas de los gendarmes o visitas de internos. Pool Gallardo Villegas, un reo de alta peligrosidad, fue identificado como uno de los principales distribuidores de drogas en el penal. Gallardo, condenado a 17 años por homicidio frustrado y a cinco años por tráfico de drogas, controlaba la distribución de estupefacientes dentro del recinto.

La investigación, liderada por la Unidad SACFI de la Fiscalía, también reveló que los gendarmes no solo facilitaban el ingreso de drogas, sino que también las consumían durante su turno y vendían dosis a sus compañeros. La interceptación de llamadas, la revisión de cámaras de seguridad y un análisis patrimonial que mostró un aumento injustificado en el poder adquisitivo de los gendarmes fueron claves para obtener las autorizaciones judiciales para los allanamientos y detenciones.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, destacó la exhaustividad de la investigación, señalando que se demostró un incremento patrimonial que no correspondía a los ingresos de los gendarmes. A la espera de resultados de diligencias pendientes, el Ministerio Público continúa con la investigación para esclarecer todos los vínculos de la red criminal.