Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires han llevado al Gobierno a implementar un operativo de emergencia. Esta semana, las lluvias han causado estragos en amplias zonas rurales, afectando a productores agropecuarios y familias que se encuentran aisladas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el plan de asistencia en una conferencia en la Casa Rosada. Bullrich destacó que se instalará un centro de operaciones en 9 de Julio, desde donde se coordinarán los recursos nacionales. La intervención se centrará en ayudar a quienes han sufrido pérdidas significativas debido a la acumulación histórica de lluvias, la mayor registrada en la cuenca del Salado desde 1970.

El Gobierno ha movilizado maquinaria vial y personal del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa para limpiar alcantarillas, drenajes y puentes. Además, se utilizarán camiones volcadores para el traslado de materiales y asistencia a los sectores más afectados. La ministra Bullrich subrayó la importancia de restablecer la conectividad en las zonas rurales y garantizar el acceso a las familias aisladas. "Ante la situación que enfrentan productores y familias que quedaron aisladas, decidimos abrir caminos y llevar asistencia directa", afirmó.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordinará las acciones junto con los municipios. Santiago Hardie, director de la AFE, viajará a la región para trabajar directamente con los intendentes de 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares. El plan incluye el uso de maquinaria especializada y la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y el acceso a las áreas más afectadas.

En paralelo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha establecido beneficios fiscales para los campos de 19 distritos afectados. Estos beneficios incluyen exenciones impositivas y prórrogas en los pagos del Impuesto Inmobiliario Rural. La medida está destinada a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y han visto comprometida su producción por las inundaciones.

Los productores afectados deberán gestionar un certificado de emergencia ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación necesaria. Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenderán las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgarán prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.

El Gobierno nacional ha enfatizado su compromiso de actuar con rapidez para contener los efectos de la emergencia y brindar asistencia efectiva a los bonaerenses. La situación sigue siendo monitoreada de cerca, y se espera que las medidas implementadas ayuden a mitigar el impacto de las inundaciones en la región.