La jueza Loretta Preska mantiene la decisión de solicitar comunicaciones electrónicas de funcionarios y ex funcionarios argentinos para determinar el vínculo entre la empresa YPF y el Estado argentino y deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación para analizar el incumplimiento.

Durante una nueva audiencia en Nueva York, los fondos buitres demandantes y beneficiarios del fallo que ordena pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF denunciaron “el incumplimiento total” de la orden de la magistrada.

La maniobra busca determinar la relación entre la petrolera y el Estado argentino para conseguir pruebas que le faciliten determinar el embargo de activos del país y de esta forma ejecutar el pago de su sentencia.

Una causa que se deriva del juicio original y no

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