El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern estudia «a fondo» la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña , sin embargo, esta propuesta es muy difícil de llevar a cabo desde el punto de vista jurídico. En concreto, desde el sector jurídico se considera que esta medida «es inconstitucional» .

Sobre esta medida, José Carlos Velasco, abogado especializado en el sector inmobiliario, considera que «no es constitucional porque si bien la Constitución recoge el derecho a la vivienda, también recoge otros derechos como la libertad, ya que no se puede coartar al ciudadano su derecho de poder invertir, comprar o vender la vivienda».

Por otro lado, también se cuestiona que las comunidades autónomas no pueden establecer este tipo de prohibiciones. «Lo único que pueden hacer las comunidades autónomas es legislar sobre el suelo, es decir, establecer si se destina a uso social o industria, pero no pueden decir al ciudadano qué hacer con su dinero y con sus inversiones», explica Velasco.

«La comunidad autónoma no tiene competencias para legislar sobre lo que hacer con la vivienda, hasta el grado de decir qué hacer con el bien particular de cada uno», defiende.

Por tanto, para poder llevar a cabo esta medida «tendría que haber una reforma constitucional », según Velasco. «Para que llegase a ese punto tendría que desarrollarse una ley», indica.

Un informe para avalar prohibir la compraventa de vivienda

En concreto, un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), avalaría jurídicamente esta medida.

Como consecuencia, Illa ha asegurado que ha leído el informe y que ha encargado otros. De igual forma, ha defendido que no le temblarán las piernas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda, y que trabajarán con los grupos de la Cámara que tengan interés en este tema: «Siempre que sean planteamientos realistas, verosímiles , y que tengan cabida en nuestro marco jurídico».

La prohibición del alquiler turístico

Desde el sector de los alquileres turísticos también muestran su descontento con las políticas de vivienda de Salvador Illa, ya que el presidente de la Generalitat quiere prohibirlos.

Por ello, desde asociaciones como Apartur y Fevitur se insta a las instituciones europeas a evaluar la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas en Cataluña y a garantizar un marco «justo, transparente y equilibrado» para todas las modalidades de alojamiento, al mismo tiempo que reiteran su disposición para colaborar en esta materia.