Funcionarios y expertos de América Latina se reunieron para analizar el impacto de la narcodictadura de Venezuela en la corrupción y el crimen organizado en la región. Este encuentro, organizado por Transparencia Venezuela y otras ONG, abordó la expansión de la corrupción desde el régimen de Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Se discutió cómo estas prácticas han afectado la seguridad en países vecinos y en Europa, destacando el papel del temido Tren de Aragua.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, abrió el evento. En el primer panel, titulado “Justicia o impunidad: ¿avanzan los casos contra la corrupción?”, participaron expertos como Maite Parejo, Germán Emanuele, el fiscal federal Diego Luciani y José Ugaz, ex presidente de Transparency International.

Maite Parejo advirtió sobre las limitaciones de la legislación para investigar la corrupción internacional. "La corrupción tiene víctimas", afirmó, señalando que amplios sectores sociales carecen de salud, educación y alimentación debido a estas prácticas. Emanuele, por su parte, destacó que en Argentina hay al menos 20 causas judiciales relacionadas con la corrupción vinculada al chavismo, pero muchas carecen de coordinación.

El fiscal Luciani enfatizó que "la corrupción atenta contra la democracia y los derechos humanos". Recordó que los más vulnerables son los que más sufren las consecuencias de la corrupción. También criticó el proceso de nombramiento de jueces en Argentina, que se ve afectado por la injerencia política. "Casi el cincuenta por ciento de los cargos de juez están vacantes", señaló, lo que dificulta la lucha contra la corrupción.

Luciani también mencionó la Causa Vialidad, donde se comprobó un perjuicio al Estado de mil millones de dólares. Resaltó el enriquecimiento de empresarios cercanos al poder político, como Lázaro Báez, quien adquirió vastas extensiones de tierra durante su mandato.

El ex presidente de Transparency International, José Ugaz, explicó cómo el régimen de Chávez manipuló el sistema judicial en Venezuela, lo que facilitó la expansión de la corrupción. La falta de control y la captura de la justicia han permitido que estas acciones ilícitas prosperen tanto dentro como fuera del país.

El encuentro concluyó con un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción y proteger los derechos humanos en la región. La independencia judicial y la vigilancia de la sociedad civil son esenciales para enfrentar estos desafíos.