El Gobierno argentino ha decidido postergar las negociaciones sobre las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales hasta marzo del próximo año. Esta decisión se enmarca en un contexto donde el Ejecutivo prioriza otros temas, como el proyecto del Presupuesto 2026 y reformas laborales y tributarias.

Una fuente del Gobierno ha declarado: “La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias”. Las sesiones extraordinarias están programadas entre el 10 y el 31 de diciembre, y podrían extenderse a enero y febrero. Esto significa que cualquier discusión sobre la composición de la Corte y los pliegos de candidatos se aplazará.

En la Casa Rosada, se asegura que hay otras cuestiones más urgentes que atender antes de abordar la reconfiguración del máximo tribunal, que actualmente opera con un 33% de vacantes. “Hay temas más importantes que atender antes”, afirmó una voz del Poder Ejecutivo.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, ha sido mencionado como el negociador autorizado para abrir diálogos con la oposición, aunque se reconoce que su papel podría estar sujeto a cambios. La situación en el Ministerio de Justicia es incierta, ya que Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su renuncia, aún permanece en el cargo debido a la falta de consenso sobre su sucesor.

El Gobierno también está considerando la ampliación de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Sin embargo, para avanzar en este tema, será necesario negociar con la oposición, especialmente con el kirchnerismo, que tiene un papel clave en la Cámara de Senadores.

A pesar de que La Libertad Avanza sumará 12 senadores el 10 de diciembre, el oficialismo es consciente de que necesitará el apoyo de otros bloques para completar las vacantes. La ex presidenta Cristina Kirchner tiene un papel crucial en este proceso, ya que su apoyo es fundamental para alcanzar los dos tercios necesarios para cualquier tratamiento legislativo.

El Ejecutivo también está trabajando en la designación de nuevos candidatos para los 150 juzgados federales vacantes y la Procuración General de la Nación, un cargo de gran relevancia. A pesar de las tensiones internas, el Gobierno mantiene la intención de negociar con los gobernadores y otros actores políticos para avanzar en estos nombramientos.

En resumen, el Gobierno argentino ha decidido que las negociaciones sobre la Corte Suprema y los juzgados federales se llevarán a cabo después de las sesiones extraordinarias, priorizando otros temas en la agenda legislativa. La incertidumbre sobre el futuro del Ministerio de Justicia y la necesidad de consenso con la oposición marcan el camino a seguir en los próximos meses.