A comienzos de la década de los 90, una jueza sin rostro -denominación reservada por ley a los funcionarios que investigaban a las mafias y debían ser protegidos- habló por primera vez en el país de “delitos de lesa humanidad” que impedían los indultos y a las amnistías a sus perpetradores.

Lo hizo a la hora de dictar resolución de acusación o llamamiento a juicio contra integrantes de la plana mayor del M-19 por dos delitos asociados al asalto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, episodio trágico por el que ellos ya habían recibido los beneficios de perdón y olvido que hizo posible que pactaran un Acuerdo de paz con el gobierno tras la aprobación de la Ley de indulto aprobada por el Congreso.

El 9 de marzo de 1990 en el Palacio de Nariño se firmó la paz entre el Presidente Vir

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