Decenas de despachos se vuelcan en Mallorca para asesorar en la amnistía de casas ilegales en rústico

En Mallorca hay alrededor de 24.000 viviendas ilegales en suelo rústico que podrían ser legalizadas si cumplen determinadas condiciones tras la nueva ley aprobada por el Parlament balear con los votos favorables de PP y Vox . Este nuevo escenario ha despertado el interés de decenas de despachos y bufetes profesionales de diversos ámbitos que, con la ley en la mano, se ofrecen a esos propietarios para asesorarles en la legalización de sus propiedades que ahora están fuera de ordenación. OKBALEARES ha podido constatar a través de diversos buscadores y utilizando como palabras clave

la existencia de varias decenas de despachos profesionales que hacen publicaciones en sus páginas web al tiempo que ofrecen sus servicios a los propietarios de esas construcciones en suelo rústico de Mallorca que pueden dejar de ser ilegales gracias a la nueva ley. Inversores, empresas de negocios, despachos de abogados, inmobiliarias, asesores fiscales, urbanistas, constructoras y consultoras en general copan las primeras páginas de los buscadores que ofrecen información sobre la amnistía de las construcciones ilegales en rústico que pueden ser amnistiadas con la

vigente en Baleares . «¿Cómo legalizar una finca rústica en Mallorca?» es el reclamo más utilizado por los bufetes detectados en el buscador. La ley que permite regularizar construcciones ilegales en suelo rústico no es una amnistía como tal sino que el proceso obliga a cumplir requisitos y pagar tasas y multas. No es barato y, además, la regularización prohíbe un futuro uso turístico de la finca . Para acogerse a la regularización es preceptivo que hayan pasado ocho años sin que la administración haya iniciado expediente alguno de demolición; es decir, que la infracción urbanística debe haber prescrito . Según cálculos de algunos de los posts publicados por estos despachos profesionales, para una edificación ilegal valorada en 100.000 euros, el coste de su regularización puede superar los 30.000 euros. Este coste incluye el precio por el informe del arquitecto y las tasas y multas a pagar a la administración correspondiente.