La fiscal suprema Zoraida Ávalos ha solicitado al Poder Judicial que revoque la comparecencia con restricciones de la ex primera ministra Betssy Chávez y, en su lugar, imponga prisión preventiva. Esta solicitud se produce tras el asilo político que Chávez obtuvo en México. Desde junio de 2023, la exfuncionaria cumplía prisión preventiva por su implicación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, en septiembre de este año, el Tribunal Constitucional anuló esta medida, permitiendo que Chávez estuviera bajo comparecencia con restricciones.

Las condiciones de esta comparecencia incluían controles biométricos semanales y la obligación de asistir a todas las diligencias fiscales o judiciales. Sin embargo, la fiscal Ávalos ha señalado que Chávez ha incumplido estas reglas en varias ocasiones. En particular, no se presentó a su control biométrico en tres ocasiones y faltó a cuatro sesiones del juicio oral, a pesar de que su asistencia era obligatoria. "Esto demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra", afirmó Ávalos en su requerimiento.

La fiscal suprema argumenta que la prisión preventiva es necesaria, ya que la comparecencia con restricciones no ha cumplido su propósito de asegurar la realización del proceso penal y garantizar la comparecencia del imputado. La audiencia para discutir esta solicitud ha sido programada para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 de la mañana. El juez supremo Juan Carlos Checkley ha indicado que, si el abogado de Chávez no se presenta, la defensa será asumida por la defensa pública.

En un contexto más amplio, la Fiscalía peruana también ha reafirmado su solicitud de 34 años de prisión para el exmandatario Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado. Este pedido incluye penas por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La posibilidad de que los hechos sean recalificados como conspiración podría reducir las penas para los acusados, incluyendo a Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en México. El proceso judicial contra Castillo continuará el 7 de noviembre, donde se presentarán más alegatos y se discutirán las reparaciones civiles solicitadas por la Procuraduría.