El Poder Judicial ha declarado fundada en parte la demanda de amparo presentada por el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Como resultado, se ha anulado el proceso de denuncia constitucional que el Congreso de la República había iniciado en su contra.
El fallo establece que "nulo todo el procedimiento de juicio político seguido en su contra en mérito al Informe de Calificación de las Denuncias Constitucionales N.º 384, 400 y 466, que fue aprobado, por mayoría, por los congresistas integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República".
Del Solar se pronunció a través de su cuenta de Twitter, afirmando que "este caso nunca debió existir". En su mensaje, expresó: "Tarda pero llega. Este caso nunca debió existir. Nunca se debió admitir a trámite denuncias por un asunto ya zanjado por el TC. Tampoco se debió presentar acusación ante el Pleno, habiendo caducado el plazo. Hoy, la Justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue nulo".
Su abogado, Luciano López, también celebró la decisión, diciendo: "Felicitaciones, Salvador del Solar. ¡La Primera Sala Constitucional de Lima, integrada por jueces valientes, te dieron la razón!". López añadió que es una gran satisfacción haber patrocinado el caso y que "aún hay justicia en el Poder Judicial. Nada está perdido".
El caso se centraba en un informe final que reunía las denuncias constitucionales 384, 400 y 466, que proponía sanciones para Salvador del Solar, Martín Vizcarra y Vicente Zeballos. Se les acusaba de presuntas infracciones a la Constitución Política relacionadas con el cierre del Congreso en 2019. Para Vizcarra, se solicitaba una inhabilitación de diez años, mientras que para Del Solar y Zeballos se planteaba una suspensión de cinco años en el ejercicio de cargos públicos.
Del Solar tuvo que comparecer en abril ante el Congreso para defenderse de la denuncia constitucional por su participación en la disolución del Parlamento. Durante su intervención, calificó los argumentos del Parlamento como una "falsedad evidente" y sostuvo que no existían pruebas que justificaran la inhabilitación solicitada.
Criticó la negativa de la Comisión de Acusaciones Constitucionales a recabar pruebas que demostrarían que el Poder Ejecutivo solo buscaba evitar la imposición de magistrados en el Tribunal Constitucional.
En la misma sesión, Martín Vizcarra también se defendió, alegando que las acusaciones en su contra eran parte de una persecución política. Cuestionó la baja asistencia de legisladores en el debate y denunció la actuación del Tribunal Constitucional como un brazo político y judicial del Parlamento. Vizcarra expresó su confianza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta las decisiones en su contra, mencionando casos como el "Vacunagate" y "Obrainsa".

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