La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa , magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia durante el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.

La Corporación determinó que la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes.

"Por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, que irrumpió inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto".

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