La creciente y sistemática participación de menores de edad en actividades criminales, como consecuencia directa de su reclutamiento por el crimen organizado , es una herida que crece como parte de la crisis de seguridad en México.

Hace apenas unos años, en 2011, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una entidad civil y rigurosa, calculaba que alrededor de 35 mil menores de edad estaban siendo utilizados por estructuras criminales. Ocho años después, en 2018, las propias autoridades nacionales elevaron esa estimación a la escalofriante cifra de casi 460 mil jóvenes involucrados.

Esta diferencia numérica de más de diez veces no es un simple margen de error; es un abismo de información que revela el colapso de cualquier intento gubernamental por construir una base de da

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