En el corazón de la convivencia en los espacios residenciales colectivos —edificios, urbanizaciones y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal— se abre un nuevo capítulo regulatorio con el propósito de poner freno al ruido excesivo. La Ley 2450 de 2025, conocida popularmente como la Ley Antirruido, y otras normas de respaldo, apuntan a imponer límites más precisos en torno a los decibeles permitidos, los horarios de silencio y las herramientas de sanción ante el incumplimiento.

Según el abogado consultado, el marco normativo que aplica incluye la Ley 675 de 2001 (Propiedad Horizontal), el Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y la nueva Ley Antirruido. Esta última establece procedimientos de medición, niveles máximos de contaminación sonora

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