La Fundación Universitaria San José ha anulado oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero, tras una investigación interna que reveló serias irregularidades en su historial académico. La decisión fue comunicada el 7 de noviembre y adoptada por el Consejo Directivo de la institución, después de un proceso disciplinario que comenzó en septiembre de 2025.

La investigación se inició cuando se detectaron inconsistencias en el trámite del título de Guerrero, quien había sido propuesta para el cargo de viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad. Según el comunicado oficial, “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”. Esto se refiere a los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, de los cuales Guerrero figuraba como egresada.

La Fundación Universitaria San José también informó que la situación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. La institución ha reiterado su compromiso con la legalidad y la calidad educativa, asegurando que tomará medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. En su pronunciamiento, la Fundación expresó: “Rechazamos cualquier práctica que atente contra la transparencia institucional”.

La controversia se intensificó tras las denuncias de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien alegó que los certificados presentados por Guerrero contenían falsedades. Pedraza solicitó acceso a los registros académicos de Guerrero mediante un derecho de petición, y tras dos meses sin respuesta, un juez ordenó a la Fundación entregar la información requerida.

Este caso ha generado un amplio debate sobre la validez de los títulos universitarios y la transparencia en las instituciones educativas. La Fundación Universitaria San José ha comenzado a revisar sus procedimientos internos para identificar posibles fallas en los controles institucionales, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública en su gestión. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades competentes continúen investigando las irregularidades detectadas.