Cuarenta años han pasado desde uno de los ataques más graves contra la democracia en Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19, financiado y apoyado por estructuras del narcotraficante Pablo Escobar, ingresó al Palacio de Justicia con armas de guerra, explosivos y granadas. Secuestraron a los magistrados de la Corte Suprema, asesinaron a once de ellos, tomaron rehenes, sembraron fuego y muerte, y destruyeron expedientes fundamentales en el momento en que el país debatía la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Ese es el hecho. Ese fue el crimen. Eso no se discute.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha intentado sustituir la verdad histórica por un relato ideológico creado para legitimar a quienes sembraron terror y convertirlos en supuestas víctimas del Estado. Un l

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