La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha desatado una crisis en el bloque de derechas que gobierna la Comunitat desde 2023. Lo que se esperaba como un simple relevo institucional se ha transformado en una negociación tensa entre el Partido Popular (PP) y Vox. La coalición que ambos partidos han presentado como un modelo de estabilidad se encuentra en un equilibrio precario, más sustentado por la aritmética parlamentaria que por una verdadera afinidad política. Desde su inicio, el pacto ha sido considerado un matrimonio de conveniencia. Mazón había logrado que Vox aceptara un acuerdo funcional, con un reparto de consellerias y discursos moderados, pero las tensiones subyacentes nunca desaparecieron. Su figura actuaba como un amortiguador, facilitando la comunicación entre los sectores más conservadores de Vox y la línea pragmática del PP. Con su salida, este equilibrio se ha desmoronado. Ambos partidos coinciden en la necesidad de garantizar la estabilidad de la Generalitat y evitar elecciones anticipadas. Sin embargo, difieren en la forma de lograrlo. El PP busca una transición rápida y ordenada que mantenga el pacto de gobierno, mientras que Vox ha aprovechado el vacío de liderazgo para exigir garantías sobre compromisos en temas sensibles. Santiago Abascal, líder de Vox, ha afirmado: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”. Las conversaciones entre PP y Vox se llevan a cabo con discreción, pero la tensión es palpable. Vox ha solicitado compromisos claros en áreas como la inmigración y las políticas medioambientales, donde busca marcar distancias con el PP. El PP, por su parte, teme que ceder en exceso les haga perder su centralidad política en un territorio donde aspiran a ser la fuerza hegemónica de la derecha. Juanfran Pérez Llorca, actual síndic del PP en Les Corts, es el candidato con más posibilidades de suceder a Mazón. Sin embargo, incluso esta designación se ha convertido en un punto de disputa. Vox exige un candidato con “voluntad de acuerdo real” y “perfil firme”, mientras que el PP insiste en la necesidad de una figura de gestión y consenso. Este desacuerdo ha retrasado la designación, ya que el PP no quiere dar la impresión de ceder ante las exigencias de Vox, que a su vez no está dispuesto a ofrecer su apoyo sin condiciones. Este desencuentro refleja un fenómeno más amplio en la política española. En las comunidades donde PP y Vox comparten el poder, el grado de entendimiento varía según factores locales y las relaciones personales entre los líderes. A diferencia de la izquierda, donde PSOE y Sumar han aprendido a gestionar su convivencia, la derecha española aún enfrenta desafíos significativos para establecer una estructura de gobierno estable. Un ejemplo de esta inestabilidad se observa en Extremadura, donde la presidenta del PP, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas, argumentando que sin presupuestos no se puede gobernar. Lleva dos años sin aprobarlos, necesitando el apoyo de Vox, que no ha llegado debido a las tensas relaciones entre ambos partidos en la región. La situación en Valencia pone de manifiesto que, para la derecha española, gobernar juntos sigue siendo más un experimento que una estructura consolidada. La sombra de las elecciones de 2027 se cierne sobre las negociaciones actuales, dejando en el aire el futuro del gobierno valenciano y la estabilidad del bloque de derechas.