Durante más de dos décadas, María Alicia Carrilao , vecina de Cervantes, Río Negro, vivió una situación que consideraba injusta. Tras divorciarse de su marido , en agosto de 2001, fue ella quien tuvo que abandonar la casa familiar y alquilar una vivienda . Él, en cambio, permaneció en el hogar conyugal y años más tarde llevó allí a su nueva pareja.

La propiedad —una vivienda del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV)— había sido adjudicada en 1993 a nombre de ambos, pero solo uno la disfrutó desde entonces.

Con el paso del tiempo, y cansada de sostener alquileres con apenas una pensión, María Alicia decidió acudir a la Justicia. En 2023, presentó una demanda para que se le fijara una compensación económica por los años en que su exmarido utilizó en forma

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