El exministro de Transportes José Luis Ábalos, procesado por el Tribunal Supremo en relación con la adjudicación a dedo de un contrato de mascarillas al comisionista Víctor Aldama, ha denunciado a través de la red social X que quienes investigan sus delitos -el juez Leopoldo Puente y el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón- se niegan a admitir diligencias que le permitirían demostrar la falsedad de algunas de las acusaciones que pesan sobre el ex alto cargo socialista.

Ábalos se refiere al último informe de la UCO donde se interpreta que cuando pedía folios a su asesor principal, Koldo García, se refería a dinero negro obtenido de comisiones ilegales que pagaban empresarios a cambio de adjudicaciones de obras. “ Cuando hablo de folios, es que son folios y no dinero ilícito, como me ha atribuido estrafalariamente la UCO en el folio nº 79 de su Informe 157/2025 del 03 de octubre de 2025 sin ninguna comprobación previa y con una única intencionalidad incriminatoria cuando hace referencia a la expresión ”folios“ como ejemplo de una jerga convenida para fabricar una prueba más con la que fundamentar la existencia de una organización criminal”, señala Ábalos.

Para demostrar la falsedad de esa interpretación de la UCO, el exministro ha solicitado del Congreso un certificado de los folios que ha utilizado durante su etapa como diputado del grupo mixto. Pero Ábalos ha pedido al Supremo que soliciten del ministerio de Transportes idéntico certificado y el juez se ha negado argumentando. “Esta diligencia”, explica Ábalos, “me ha sido rechazada por el Sr. Juez Instructor en su Auto del 31 de octubre de 2025 por entenderla, junto con las demás diligencias solicitadas, como ”inútiles y perjudiciales“, pero lo cierto es que esta negativa resta las posibilidades de mostrar un significado alternativo al término ”folios“ y poder contraponerlo al informe de la Guardia Civil”.

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE denuncia que la causa judicial abierta en el Supremo se está desarrollando de manera irregular: “El rigor de un proceso se basa en el principio de contradicción y en la presunción de inocencia, y la balanza queda desequilibrada cuando se cede el control a la policía judicial y se acepta sin más un informe policial basado en elucubraciones y conjeturas. De esta manera, la instrucción queda escorada en un sentido y desoye lo que propugna la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su Art. 2 establece que las autoridades y funcionarios del procedimiento penal deben considerar y apreciar todas las circunstancias, tanto las desfavorables como las favorables para el ”presunto reo“. Un hecho que en mi caso no se está produciendo”. Y concluye: “Si se quiebran las garantías del proceso, nos enfrentamos a una prueba ”diabólica“ porque es difícil defenderse de lo que no ha ocurrido”.

Ábalos también ha negado que utilizara los pagos en metálico que recibió del PSOE durante su etapa al frente de la Secretaría de Organización para blanquear el dinero conseguido del amaño de obra pública en el ministerio de Transportes. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar este caso tras el escrito remitido por el juez instructor del Supremo Leopoldo Puente.