El PP y Vox han criticado los pagos irregulares de la renta social garantizada (Resoga), mientras que Més per Mallorca ha considerado que entran dentro de la «gestión normal» de las ayudas.

En la rueda de prensa parlamentaria, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán , ha hecho referencia a la revisión de los expedientes de la Resoga que el Govern ha presentado este lunes y que, según Durán, «descubre que había dejadez y descontrol».

Asimismo, la popular  ha subrayado que la auditoría señala que el Govern pagó 1,3 millones de euros de forma irregular «no es de recibo» decir que era una práctica habitual.

Lo ha dicho en referencia al portavoz de Més per Mallorca , Lluís Apesteguia , quien ha enmarcado los pagos irregulares en la «gestión normal» de las ayudas sociales. A su parecer, las ayudas sociales «no pueden esperar» a cumplir todos los procedimientos administrativos «muchas veces».

Con posterioridad, ha subrayado el ecosoberanista, se revisan los requisitos y si en algunos casos se encuentran disfunciones se requiere el dinero. «Consideramos que el funcionamiento es correcto, tanto el otorgamiento a todas las personas que necesitan una ayuda y, después, la revisión de que se cumplen efectivamente todos los requisitos», ha dicho.

También ha abordado la cuestión la portavoz de Vox, Manuela Cañadas , quien ha reprochado al Govern del PP que «lleve dos años gobernando y se hayan seguido dando estas ayudas a ilegales». Por ello, ha recordado, su formación exigió un mínimo de residencia de tres años en Baleares para poder optar a estas ayudas.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE , Marc Pons , ha evitado valorar la cuestión a la espera de conocer la auditoria.

Los datos del Govern

El Govern ha detectado pagos indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga) que podrían oscilar entre los 1,6 y los 2,4 millones de euros que los beneficiarios tendrán que devolver a la administración.

Lo ha explicado este lunes la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández , que ha dado a conocer en rueda de prensa las principales conclusiones de la auditoría interna que se encargó sobre esta prestación y de una primera revisión de un total de más 4.000 expedientes correspondientes al sistema de gestión Resoga 20.

En relación a un anterior sistema de gestión de la prestación, el Resoga 16, la consellera ha explicado que tras un cruce masivo de datos en diciembre de 2022 y la revisión de más de 2.300 expedientes ya se detectaron pagos indebidos por un total de 211.000 euros.

«La gravedad no es que se suspendan, es que no se notificaba y dejaba en un limbo a las personas beneficiarias» , ha explicado la consellera en referencia al anterior equipo de gobierno y ha criticado igualmente la figura de la declaración responsable, que aunque, según ha defendido, puede ser útil en algunas circunstancias, no lo es para esta prestación por la carga de responsabilidad que genera en colectivos vulnerables y que suelen desconocer el funcionamiento de la administración.

La revisión y notificación de los expedientes irregulares, ha explicado, ha sido una de las primeras actuaciones impulsadas por el departamento tras acceder al gobierno en el verano de 2023 junto al encargo de una auditoría tras el «caos» detectado.