Ignoro cuánto aguantará esta legislatura con unas Cortes con un legislativo que no legisla. Lo digo porque, según la prensa, la llamada «mayoría de la investidura» se descompone y decenas de proyectos legislativos quedan varados. Entre ellos, uno trascendental, en el que nos jugamos que España sea de verdad un Estado de Derecho donde se respetan los derechos y libertades fundamentales, que están protegidos frente al poder y este se ejerce al servicio del interés general.

Hablo del proyecto que atribuye la instrucción penal a los fiscales, una iniciativa de esas que, por su carácter medular –quién investiga los delitos, quién indaga su autoría, quién protege a las víctimas, quién dirige a la Policía judicial– debería pactarse para quedar por encima de los cambios políticos; al fin y al cab

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