El Gobierno argentino ha desregulado las cuotas y matrículas de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que elimina más de 30 años de control estatal, permite a las instituciones fijar sus precios sin necesidad de autorización previa.

La derogación del Decreto 2417/1993 marca un cambio significativo en la relación entre el Estado y los colegios de gestión privada. Según el Gobierno, la normativa anterior presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de estos institutos a las realidades educativas y económicas actuales. La administración de la educación ha cambiado, y ahora corresponde revisar el marco normativo para favorecer un entorno más propicio para la gestión educativa.

El decreto argumenta que la intervención estatal en la fijación de aranceles ha tenido efectos negativos en la viabilidad económica de los colegios. La obligación de comunicar y obtener autorización para modificar las cuotas limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado. Esto, a su vez, perjudicaba a las familias, que enfrentaban aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo, restringiendo su capacidad de elegir instituciones adecuadas a sus posibilidades económicas.

Además, el decreto subraya que la incertidumbre económica generada por la necesidad de aprobación estatal llevaba a los colegios a fijar cuotas más elevadas de lo necesario. La nueva normativa busca garantizar el derecho de propiedad de los institutos privados, permitiéndoles establecer sus condiciones de contratación y salarios sin intervención estatal.

El Gobierno ha instruido al Ministerio de Capital Humano para que revise las pautas del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada. La intención es avanzar hacia un esquema que respete el principio de libre contratación, permitiendo a las instituciones definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de competencia leal y en función de las demandas del mercado.