Decenas de millones de estadounidenses que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentan incertidumbre debido al cierre del Gobierno. Este programa, el más grande de asistencia alimentaria en el país, ha dejado a muchos beneficiarios en un estado de ansiedad y confusión. Algunos han recibido la totalidad de sus beneficios este mes, mientras que otros solo han obtenido una fracción de su asignación habitual.

La situación se ha complicado por una serie de declaraciones de la administración Trump y órdenes judiciales. Un grupo de estados liderados por demócratas, junto con ciudades, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos, ha iniciado acciones legales para restablecer la totalidad de los beneficios. Esta disputa se ha convertido en un punto álgido entre las tres ramas del Gobierno, evidenciando cómo el estancamiento afecta la vida diaria de los ciudadanos.

Recientemente, se alcanzó un acuerdo bipartidista en el Senado para financiar al Gobierno hasta el 30 de enero y garantizar los beneficios del SNAP hasta el año fiscal 2026. Sin embargo, este acuerdo aún necesita la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente.

Casi 42 millones de personas dependen de este programa para alimentarse, recibiendo en promedio alrededor de 350 dólares al mes. La incertidumbre persiste sobre cuándo recibirán la totalidad de sus beneficios de noviembre, ya que esto depende de la aprobación de un paquete de gastos a corto plazo por parte del Congreso y de la firma del presidente Trump.

El cierre del Gobierno ha llevado a un fallo de un tribunal inferior que ordena al Departamento de Agricultura de EE.UU. emitir rápidamente los beneficios completos del SNAP. Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente este fallo, lo que ha generado más confusión. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito también rechazó una solicitud de la administración Trump para bloquear el fallo, pero la suspensión de Jackson sigue vigente.

Algunos estados, como Wisconsin, Nueva York y California, han comenzado a distribuir la totalidad de los beneficios del SNAP a sus residentes. Sin embargo, otros, como Carolina del Norte, han optado por otorgar beneficios parciales y han suspendido cualquier acción adicional debido a la suspensión dictada por Jackson.

La controversia gira en torno a si el Departamento de Agricultura debe pagar la totalidad de los beneficios del SNAP sin nuevos fondos del Congreso. El mes pasado, la agencia anunció que no utilizaría su fondo de contingencia de aproximadamente 5.300 millones de dólares para realizar pagos, lo que ha llevado a demandas contra la administración Trump.

El juez federal John McConnell, durante una audiencia, expresó: “La gente lleva demasiado tiempo sin recibir ayuda. No realizarles los pagos ni un día más es simplemente inaceptable”. A pesar de la apelación de la administración Trump, el Departamento de Agricultura ha indicado que está trabajando para financiar completamente los beneficios del programa para noviembre, cumpliendo con la orden del juez McConnell.

La situación actual deja a millones de beneficiarios en un limbo, con la posibilidad de que algunos estados no puedan enviar pagos parciales durante semanas o incluso meses. La incertidumbre sobre la financiación del programa SNAP continúa, afectando a uno de cada ocho estadounidenses que dependen de esta asistencia alimentaria vital.