El 20 de agosto de 2025, las declaraciones de Samir Rivaldo y Yessica Donoso en un juicio oral revelaron un escándalo de fraude en el sistema de licencias médicas en Chile. Ambos médicos, que llegaron al país desde Colombia, trabajaron en un centro médico llamado Dr. Mitite SPA, creado por Samir. Desde febrero de 2020, se les acusa de ser los líderes de un fraude masivo que involucró la emisión de licencias médicas ideológicamente falsas.

La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes contra ellos. Samir emitió 16.152 licencias en dos años, mientras que Yessica certificó 9.879. La fiscalía calculó que Yessica tuvo que haber certificado 3.993 licencias con una diferencia de menos de cinco minutos cada una, y 1.231 en menos de tres minutos. Cuando se le preguntó cómo atendía a tantos pacientes en tan poco tiempo, Yessica admitió que a veces solo firmaba los papeles sin realizar consultas. También mencionó que no todos sus pacientes recibían reposo, algunos solo órdenes de exámenes.

Samir intentó justificarse, alegando que otros médicos habían emitido más de 25.000 licencias, pero esto no lo eximió de responsabilidad. Durante su detención, se le incautaron nueve millones de pesos en efectivo y 60.000 dólares. Además, en la cuenta de Dr. Mitite había 433 millones de pesos.

Samir relató que llegó a Chile tras titularse como médico en Barranquilla y comenzó a trabajar en un Centro de Salud Familiar. Con su salario, adquirió dos autos y decidió crear Dr. Mitite para realizar atenciones domiciliarias. Sin embargo, su modelo de negocio se basó en la emisión de licencias sin cuestionar a los pacientes. En 2020, recetó 1.506 reposos, y en 2021, 12.199, alcanzando un promedio de 52 licencias por día.

En 2021, Samir contrató Medipass, un sistema que le permitía ingresar datos de pacientes de manera rápida. Sin embargo, su falta de un lugar físico para atender pacientes fue una de las excusas que presentó ante la fiscalía. La dirección de su centro médico era la misma que la de su hogar, lo que complicó aún más su defensa.

El caso ha puesto de manifiesto las debilidades en el sistema de licencias médicas en Chile y ha generado un debate sobre la regulación y supervisión de los profesionales de la salud en el país.