El Consejo de Estado ha sido objeto de una inspección judicial por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esta diligencia se llevó a cabo el miércoles 12 de noviembre y se centra en una investigación preliminar que involucra a cuatro magistrados de la Sección Quinta. La inspección se relaciona con dos casos de nulidades electorales: uno que afecta al alcalde de Calima Darién y otro al gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, lideró la diligencia, acompañada de funcionarios de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El Consejo de Estado emitió un comunicado en el que aseguró que la inspección se realizó con normalidad y dentro del marco institucional. "La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales", indicó el alto tribunal. La investigación se origina a partir de denuncias que alegan irregularidades en el proceso electoral del gobernador Nicolás Gallardo, quien fue suspendido por doble militancia. Se alega que los magistrados permitieron la admisión de una reforma de demanda fuera del término procesal establecido, lo que podría constituir un prevaricato. "De acuerdo con la denuncia formulada por el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas, se ha violado el debido proceso y se ha irrespetado la tutela como mecanismo expedito que debe resolverse en 10 días", se menciona en el documento de apertura de la investigación. Además, el ciudadano Miguel Ángel Mora presentó otra denuncia, afirmando que se cometió una actuación procesal contraria a la ley en el caso de la elección del gobernador. El Consejo de Estado subrayó que la diligencia se desarrolló dentro de los parámetros legales y que no representa un hecho extraordinario en el funcionamiento judicial. Los expedientes inspeccionados permanecerán bajo reserva mientras avanza la etapa preliminar de investigación, donde se determinará si hay méritos suficientes para formular cargos o archivar las actuaciones. La Comisión de Acusaciones ha indicado que la inspección es parte de un procedimiento normal y legal, y se espera que se revelen los resultados de esta diligencia en el futuro cercano. El Consejo de Estado ha reiterado su disposición a colaborar en el proceso, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.