El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido la legitimidad de las operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde Niagara-on-the-Lake, Canadá, donde concluyó la reunión del G7, Rubio aseguró que estas acciones son parte de una estrategia para proteger la seguridad nacional estadounidense. Rubio desmintió las supuestas tensiones con aliados europeos, en respuesta a recientes publicaciones sobre el intercambio de inteligencia y la legalidad de los operativos. Aclaró que el flujo de información entre Washington y Londres se mantiene sin cambios. “No ha cambiado nada que impida la capacidad de Estados Unidos para actuar. Seguimos manteniendo una asociación muy sólida con el Reino Unido”, afirmó. Durante la agenda oficial del G7, Rubio indicó que ningún país planteó inquietudes sobre la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe. “Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió. Quizá lo hablaron entre ellos, pero no fue tema en ninguna de las reuniones que sostuvimos”, insistió. Las preguntas sobre la posición europea en materia de derecho internacional motivaron la respuesta de Rubio sobre la autonomía de Estados Unidos para establecer su política de defensa. “No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego, no puede decidir cómo Estados Unidos protege su seguridad nacional”, recalcó. Rubio también destacó los riesgos del tráfico de drogas en la región, describiéndolo como una “industria que inunda nuestro país con heroína, cocaína y fentanilo”. Según el secretario de Estado, el despliegue militar estadounidense ha llevado a una reducción de embarcaciones ilegales en rutas marítimas clave. “Ya hemos visto menos narcolanchas en ambos escenarios”, aseguró. El funcionario identificó al régimen en Venezuela como una organización criminal, apuntando al dictador Nicolás Maduro como una figura perseguida por la justicia estadounidense. “No tienen un gobierno legítimo, es una organización de narcotráfico. El problema central es que el jefe de ese régimen ilegítimo está acusado por la justicia estadounidense. Esta es una operación concreta contra el narcotráfico”, puntualizó Rubio. Las operaciones estadounidenses han resultado en la destrucción de unas veinte embarcaciones y en muertes confirmadas desde septiembre. Algunos gobiernos y organismos internacionales han cuestionado la legalidad de estas acciones, expresando preocupaciones sobre el uso de la fuerza y el respeto a los tratados internacionales. Rubio rechazó estos cuestionamientos, calificando de incoherente la postura de algunos aliados europeos. “Resulta curioso que los países europeos solicitan misiles Tomahawk y defensa militar para proteger su territorio, pero objetan la presencia de un portaaviones estadounidense en el hemisferio occidental, donde vivimos”, remarcó Rubio. El G7, que incluye a los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, así como representantes de la Unión Europea y delegados de países invitados, no incluyó este tema en su agenda formal, según confirmó la ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand. “La legalidad de los ataques estadounidenses corresponde determinarla a Estados Unidos”, sentenció.