La propuesta de prohibir la compra de viviendas individuales que no se destinen a residencia habitual del comprador, así como la adquisición de edificios enteros que no se destinen a alquiler, plantea graves problemas de encaje jurídico en el ordenamiento español y europeo. Así lo advierte un informe ejecutivo elaborado por dos juristas, que concluye que estas medidas serían inconstitucionales y contrarias al derecho de la Unión Europea.

El documento, firmado por el doctor Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo y director del Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la Universitat de Girona, y la doctora Irene Araguàs Galcerà, profesora agregada de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, analiza en profundidad las implicaciones leg

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