El debate sobre el orden público volvió a encenderse en el Congreso tras la presentación de un proyecto legislativo que busca imponer penas de hasta 10 años de cárcel a quienes participen en protestas con el rostro cubierto . La iniciativa abrió una serie de cuestionamientos desde el ámbito jurídico y de derechos humanos, y uno de los pronunciamientos más firmes vino del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez , quien advirtió que ese tipo de medidas pone en riesgo el derecho a la protesta pacífica y podría derivar en abusos contra la ciudadanía.

Durante una visita a la central de videovigilancia de la Municipalidad de Lima , el titular de la Defensoría remarcó que el Estado debe concentrarse en combatir actos violentos y no en estigmatizar la apariencia de los manifestantes. “ Po

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