Una decisión del Consejo de Estado no solo resolvió un pleito jurídico, también frenó un riesgo financiero que amenazaba silenciosamente a la Gobernación del Atlántico. El alto tribunal dejó sin efectos una condena por $73 millones y ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico rehacer su análisis, un giro que evita una cadena de fallos similares y abre un respiro a las finanzas del departamento.

Aunque la cifra parecía manejable, el trasfondo revelaba un escenario mucho más complejo. Lo que estaba en juego no era un único proceso, sino la interpretación de un contrato de mandato suscrito entre el abogado Javier Torres Velásquez y un particular. Esa relación, que nada tenía que ver con la administración departamental, había sido considerada por el Tribunal como vinculante para la Gob

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