La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado que seis menores de edad perdieron la vida durante una operación militar en el departamento de Guaviare. Esta acción fue llevada a cabo por las Fuerzas Militares contra las disidencias del EMC, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como "Iván Mordisco". El comunicado, emitido el sábado 15 de noviembre, destaca que los menores eran víctimas de reclutamiento forzado. Además, se recuperaron cuatro cuerpos que aún no han sido identificados. La defensora Iris Marín subrayó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites claros en las hostilidades, incluso cuando los menores han sido obligados a participar en combates. Marín enfatizó que la presencia de niños en campamentos de grupos armados ilegales no justifica un ataque. Las Fuerzas Militares deben tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los menores, quienes tienen una protección reforzada por principios de humanidad y el interés superior de la niñez. El comunicado también menciona la jurisprudencia internacional, citando la sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bosco Ntaganda, que prohíbe causar muertes o lesiones innecesarias durante operaciones militares. La defensora cuestionó si se podrían haber utilizado otras modalidades de operación que hubieran minimizado el daño. La Defensoría recordó que el reclutamiento forzado de menores es una infracción grave del DIH, prohibida tanto por la legislación colombiana como por el derecho internacional. Colombia ha adoptado estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados que protegen a los menores en conflictos armados. La entidad atribuyó la responsabilidad de la muerte de los menores a los grupos armados que los reclutan, señalando que el reclutamiento de personas menores de 18 años es considerado un crimen de guerra. Según la Defensoría, las disidencias han cometido múltiples violaciones al DIH en Guaviare durante 2025. La Defensoría ha recomendado a la Fuerza Pública que implemente acciones para proteger a la población civil, respetando los límites legales en el uso de la fuerza. Además, advirtió que el uso de menores como escudos humanos por parte de grupos armados ilegales está prohibido por el DIH. Finalmente, la Defensoría del Pueblo afirmó que no es adecuado reducir el análisis a un debate técnico sobre el DIH, ya que la situación refleja el impacto de la guerra sobre los menores reclutados y la degradación de los principios de humanidad y dignidad. La entidad reiteró que su función no es certificar la legitimidad de acciones de guerra, sino rechazar la violencia y promover la paz.