Nueve congresistas denunciados o investigados por presuntos recortes de salario a los trabajadores de sus despachos —el caso conocido como “mochasueldos”— estarían proyectando su postulación a diferentes cargos para las Elecciones Generales 2026.

Uno de los casos más destacados es el del congresista José Arriola, que asumió con Acción Popular y en 2024 pasó a Podemos Perú. Arriola fue denunciado por exigir entre el 10% del sueldo y hasta el 50% de los bonos de sus antiguos trabajadores, según declaraciones recogidas en las investigaciones.

También figura Rosío Torres (Alianza para el Progreso, APP), acusada de exigir parte del salario de su personal a través de su sobrino, Juan Pérez Guerra. Aunque el Congreso archivó la denuncia, la Fiscalía mantiene abierta la investigación.

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