En un esfuerzo por abordar la creciente preocupación por la corrupción en la Policía Nacional, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha anunciado la aprobación de un nuevo Decreto Supremo. Este decreto introduce un cuadro de sanciones para los policías que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia o participando en actos ilícitos. Durante su visita a la región Junín, donde estuvo acompañado por el presidente José Jerí y otros ministros, Tiburcio destacó que el objetivo principal es acelerar los procesos disciplinarios y garantizar expulsiones inmediatas de aquellos que violen la ley. "Ya tenemos un Decreto Supremo en vigencia con una tabla de sanciones para ser más efectivos. Como bien se ha anunciado, aquí no hay espacio para ningún policía que está al margen de la ley. Todo policía que está al margen de la ley inmediatamente tiene que ser retirado de la institución. Esa es política de Gobierno", afirmó el ministro. Además, Tiburcio anunció la creación de una oficina especial en Lima, dedicada a procesar casos sumarísimos, lo que permitirá resolverlos con mayor rapidez. "Todos aquellos policías que estén en flagrancia delictiva y actos corroborados, inmediatamente van a someterse a ese proceso", añadió. El ministro también reveló que el Ejecutivo implementará un plan integral de orden y seguridad para reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta estrategia incluye el uso obligatorio de mapas del delito en comisarías y unidades especializadas, con el fin de ajustar las intervenciones a las realidades de cada territorio. El anuncio de Tiburcio se produce en un contexto complicado para la PNP, que enfrenta múltiples investigaciones que involucran a sus propios miembros en organizaciones criminales. Uno de los casos más notorios es el de "Los Piratas", una red que habría operado durante tres años en Lima y Tarapoto, dedicada al robo de droga, extorsiones, asaltos y homicidios. Un reportaje reciente reveló interceptaciones telefónicas, registros audiovisuales y testimonios que comprometen a más de veinte agentes, incluidos varios del Escuadrón Verde. Las grabaciones muestran diálogos sobre la coordinación de entregas de dinero y la logística de los asaltos. En uno de los audios se menciona una "cama de 140.000 dólares", lo que ilustra el nivel de operaciones de la red. Entre los crímenes atribuidos a esta organización se encuentran el asesinato del cambista Hernán Laines en 2022 y el homicidio del empresario Jorge D’Ambrosio en Tarapoto. En ambos casos, la fiscalía ha señalado que hubo filtraciones internas que permitieron a los implicados conocer rutas, montos y horarios de las víctimas. La estructura criminal incluía tanto policías en actividad como retirados y civiles. Su esquema operativo abarcaba desde la obtención de datos hasta la ejecución de los asaltos. Tras varios operativos, algunos de los implicados han sido detenidos, mientras que otros se encuentran en prisión preventiva. Actualmente, 298 policías están siendo investigados por su posible vinculación con bandas delictivas, según el sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público.