SANTIAGO (AP) — Preocupados por la inseguridad y la migración irregular, los chilenos acuden el domingo a las urnas para elegir presidente para los próximos cuatro años en unos comicios en los que por primera vez el voto es obligatorio y que están marcados por una fuerte polarización entre la izquierda y la derecha.

También se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, compuesta por 155 legisladores, y se elegirán 23 senadores en siete de las 16 regiones del país.

El voto será totalmente obligatorio después de la promulgación de una ley en 2022 que, además, estipula multas de hasta 100 dólares para quienes se ausenten de la votación. Anteriormente el sufragio sólo era mandatorio para los electores que se hubieran registrado previamente.

Ocho candidatos aspiran al sillón presidencial, con la disputa centrada entre la permanencia del oficialismo, encabezado por la comunista Jeannette Jara, y un giro ideológico plasmado en la candidatura del republicano José Antonio Kast, uno de los principales referentes de la extrema derecha latinoamericana y quien aspira por tercera vez a La Moneda.

Mientras Jara confía en sumar votos de la mano de sus logros como exministra del Trabajo del saliente gobierno —desde donde impulsó medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la implementación de una ley contra el acoso laboral y la reforma de las pensiones — Kast ha prometido un “gobierno de emergencia” para devolver al país “el orden, la libertad y el respeto por las instituciones”.

Los otros candidatos de la derecha son la economista Evelyn Matthei y el libertario Johannes Kaiser, quien ha ganado aliento con un discurso que promete medidas “drásticas” contra la delincuencia y la inmigración irregular.

De acuerdo con las últimas encuestas, Jara y Kast se perfilan como los favoritos, pero ninguno ha conseguido superar el umbral de 30% de apoyo, por lo que todo indica que se realizará una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

Estos estudios anticipan una victoria de Jara en la primera vuelta, pero Kast se adjudicaría el probable balotaje al sumar los votos de otros tres candidatos derechistas: Matthei, Kaiser y Franco Parisi.

Para resultar electo cualquiera de los aspirantes presidenciales debe superar el 50% de las papeletas válidas, lo que le otorga a los indecisos —que representan cerca del 20% del electorado— un papel clave en estos comicios.

“Hay una parte importante del electorado que está desideologizado. No le cree ni a la izquierda ni a la derecha pero quiere respuestas”, dijo a The Associated Press el analista político Guillermo Holzmann. "Y ese electorado es el que no se refleja en las encuestas".

Pese a las diferencias ideológicas, los proyectos de los principales contendientes tienen similitudes respecto de los tres ejes centrales que han dominado la campaña: seguridad, migración y economía.

Todos han prometido medidas contundentes para frenar el aumento de la delincuencia, que incluyen la modernización de los aparatos policiales y el endurecimiento de las leyes contra el crimen organizado, así como controlar el flujo migratorio en Chile —donde se calcula que hay unos 330.000 extranjeros sin papeles—.

Fiel a su estilo de mano dura, Kast advirtió que expulsará a todos los que estén en situación irregular en el país, de unos 18 millones de habitantes, e instó a que “salgan de Chile hoy”.

"Lo advertimos con tiempo para que nadie se sorprenda después del 11 de marzo de que vamos a tener que tomar medidas drásticas”, dijo en un masivo acto en la antesala de la votación.

En tanto, Jara no ha mencionado las deportaciones masivas, pero su programa apunta al fortalecimiento del control fronterizo y propone a su vez la creación de un registro de extranjeros.

En materia económica, los candidatos prometen impulsar una economía que nunca logró recuperarse del todo de la pandemia de coronavirus, con un exiguo crecimiento de 0,2% en 2023 y 2,6% el año pasado.

Jara ha centrado sus propuestas en mantener y ampliar algunos beneficios obtenidos durante la gestión del saliente presidente Gabriel Boric, entre las cuales destaca la imposición de un “salario vital” mínimo de 750.000 pesos (unos 800 dólares).

Kast defiende un Estado mínimo y pretende poner en marcha un recorte fiscal de unos 6.000 millones de dólares en 18 meses, aunque no ha detallado la fórmula para concretar el ajuste. Aseguró, no obstante, que su propuesta de reducción de gastos no afectará la entrega de beneficios sociales.

Mientras, la economista Matthei se ha comprometido con un crecimiento del 4%, crear unos 800.000 nuevos empleos formales y realizar un ajuste fiscal de 8.000 millones de dólares en cuatro años, recortando “gastos insuficientes” como las compras públicas y la burocracia estatal.

El plan económico de Kaiser apunta a liberar aún más la economía, con un Estado mínimo, fomento a los emprendimientos y reducciones de impuestos.