La Justicia, cuando no imparte justicia en tiempo y forma, deja de cumplir su función esencial y se convierte en una fuente activa de injusticia.

Un sistema que demora decisiones y que posterga resoluciones erosiona su propósito básico y genera una sensación de desamparo institucional que atraviesa a toda la ciudadanía.

En una democracia, la Ley necesita actuar sin dilaciones y con claridad, porque la legitimidad del Estado nace de su capacidad para garantizar derechos, establecer límites y aplicar reglas que sostienen la convivencia.

Cuando ese mecanismo falla, el Estado de derecho sufre un daño directo y profundo.

Esta fractura se vuelve evidente en la conversación digital argentina, donde la Justicia aparece como uno de los signos más potentes de la crisis de confianza i

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