La investigación por la muerte de Teófilo del Valle a manos de la Policía postfranquista en la Transición sigue en marcha, con el exministro Rodolfo Martín Villa como principal investigado en la causa. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Elda ha rechazado el archivo del procedimiento, tal como solicitaba la defensa del exministro. La jueza, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, confirma la “legalidad” de la resolución de admisión a trámite de la querella. La magistrada argumenta que la Ley de Memoria Democrática, una norma “plenamente integrada” en el ordenamiento jurídico español, “impone” al Estado la obligación de garantizar “el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española”. En el periodo temporal que reseña la ley, “se incluye el momento en el que suceden los hechos objeto de la querella”: el 24 de febrero de 1976.

El auto, dictado el pasado 14 de noviembre, también remacha que, según la Ley de Memoria Democrática, el deber jurídico de investigar “debe operar con mayor extensión cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en un contexto de crímenes contra la humanidad”.

Un deber, matiza la resolución, que “se despliega en el plano procesal y no en el sustantivo o sancionador”. El auto de la jueza de Elda alude al derecho de las víctimas a la justicia ante “graves” violaciones de los derechos humanos.

La norma “integra así en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” previsto en la Constitución y agrega “nuevos elementos”, tales como el derecho de las víctimas a la investigación y la correlativa obligación de garantizar una “investigación independientemente del resultado final de aquella”, siempre que se den los requisitos objetivos y temporales que marca la Ley de Memoria Democrática, como en el caso de la muerte de Teófilo del Valle. La jueza instructora se hace así eco del argumentario de la unidad especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía.

La víctima, trabajador de una fábrica de Elda, murió a consecuencia de los disparos por la espalda de un agente de la Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, que lo perseguía tras las movilizaciones sindicales en la localidad alicantina y en el contexto de la fuerte violencia policial de la Transición. El policía armado estaba a las órdenes del sargento Laureano Ballesteros. Por su parte, Rodolfo Martín Villa era en el momento del crimen ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro.

El “deber inexcusable de ejecutar a los manifestantes”, según el fiscal

Por estos hechos únicamente fue procesado en la jurisdicción militar el agente Aroca, quien fue finalmente absuelto de un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio. La sentencia absolutoria del Consejo de Guerra del 6 de julio de 1976 apreció la eximente de cumplimiento del deber prevista en el Código Penal vigente en el momento de los hechos.

El fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en un escrito de oposición al recurso de Martín Villa al que también ha tenido acceso este diario, concluye que de los antecedentes del crimen de Teófilo del Valle “se deduce que, tras la dictadura y durante la transición española , se consideró por los Tribunales militares y Consejos de Guerra que la policía armada tenía el deber inexcusable de ejecutar a los manifestantes”.

El representante del Ministerio Público señala que el deber de investigar las violaciones de derechos humanos está “íntimamente relacionado” con el derecho a la justicia y a la verdad. “Existe en derecho internacional un claro reconocimiento del derecho a la verdad en casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, afirma el fiscal en su escrito del pasado 8 de noviembre.

La comparecencia de Martín Villa se ha retrasado hasta el próximo 4 de febrero de 2026 por problemas de logística en los juzgados de Albacete y Madrid, sedes en las que debían comparecer los investigados para prestar declaración mediante videoconferencia.

El objetivo de “determinar las responsabilidades penales”

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), entidad impulsora de la causa junto con el hermano de la víctima, José Antonio del Valle, valoran “muy positivamente” tanto el auto de la jueza como el informe del fiscal, “actuaciones coherentes con la vigente Ley de Memoria Democrática y con la normativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, indica en un comunicado.

Ceaqua confía en que la instrucción “prosiga con normalidad con el objetivo de establecer una verdad judicial y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.