El Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas que presentará una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica “en dos meses”, un nuevo marco de reparto de los recursos a las regiones donde, han asegurado los consejeros del PP a la salida de la reunión, se reconocerán “bilateralidades” y “singularidades”.

El consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha tachado de “cuento de la lechera” la oferta que ha puesto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, encima de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , ya que se ha hablado de “generalidades” y no ha habido concreción en cuanto a los parámetros por los que se regirá la propuesta.

“Lo que no se ha hecho en ocho años, nos dicen que se va a hacer en dos meses”, ha criticado el consejero regional, del PP.

Después de cuatro horas de reunión, en la que la financiación autonómica se ha debatido en último lugar, los consejeros han criticado que Montero haya tratado de “hacer un círculo de un cuadrado”, como ha señalado la titular de Economía madrileña, Rocío Albert.

“La señora Montero nunca defrauda: ha vuelto a mentir a todos”, ha dicho a la salida de la cita con el resto de responsables autonómicos de finanzas, que han reclamado que se cuente con su concurso para el diseño y la aprobación de este nuevo sistema.

Según los dirigentes populares, el Gobierno se ha comprometido a elaborar una propuesta articulada que presentará a comienzos del próximo ejercicio, donde se tendrán en cuenta la “bilateralidad” entre regiones así como la “multilateralidad” en sus relaciones financieras, así como la “singularidad” en la financiación y también la “generalidad” del propio sistema. Una indefinición que Albert ha achacado a la doble condición de Montero de ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas de 2026.

El CPFF se reunía este lunes con el objetivo de dar el visto bueno a la nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros, en el que Hacienda ha mantenido el margen de gasto a las autonomías que ya diseñó el año pasado, aunque no recibió el visto bueno del Congreso. En concreto, permitirá que incurran en un déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios siguientes, lo que supone unos 5.500 millones de capacidad de gasto adicional.

Las autonomías dirigidas por el PP han criticado que el Ejecutivo se reserve el grueso del objetivo de déficit, que será del 2,1% para el ejercicio próximo, y permita a los Ejecutivos regionales unos números rojos de unos 1.700 millones para 2026, cuando son las responsables del 35% del gasto público.