La okupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los temas más polémicos y visibles en el debate social y político español. En 2024, el Ministerio del Interior contabilizó 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior y la tercera cifra más alta de la serie histórica. Cataluña se mantiene como la comunidad más afectada, con más del 42% del total nacional, seguida por Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Este escenario ha impulsado al Partido Popular a presentar una reforma en el Senado que permita a los propietarios cortar los suministros de agua, luz y gas a viviendas ocupadas sin que ello sea considerado delito de coacciones, una medida que promete cambiar radicalmente la gestión de la ocupación en el país.

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