Si de verdad pretende ser un partido homologable a sus pares conservadores europeos, el PP debe romper definitivamente con la dictadura, aunque ello le suponga cuestionar su propio origen como partido

El PP miente: nunca ha condenado el franquismo

A los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el Partido Popular, principal partido de la oposición y el más votado en las elecciones del 23 de julio de 2023, sigue teniendo un problema con el pasado reciente de nuestro país. Existen diversas causas que explican esta realidad que bascula entre la ambigüedad y la elusión del tema. Les sigue molestando y provocando contradicciones la historia del siglo XX español.

Obviamente, su origen y su historia explican en parte esta posición, ya que cabe recordar que este partido se remonta a Alianza Popular (AP), creada en 1976 y liderada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. Estaba en el consejo de ministros que sancionó la pena de muerte a Julián Grimau. Y, entre otros logros, impulsó la operación de manipulación contra el estudiante Enrique Ruano –con la colaboración inestimable del periódico ABC–, la campaña de los “25 años de paz”² o la Ley de Prensa de 1966 que mantuvo la censura.

En realidad, AP era una unión de siete organizaciones políticas, lideradas en su mayoría por jerarcas de la dictadura, los llamados “siete magníficos”: Fraga (Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular) y Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española). Todos fueron ministros de diferentes carteras, salvo Carranza, que no pasó de director general. En febrero de 1977, en el Teatro Lara de Madrid, López Rodó afirmó que todos los promotores de AP se honraban de haber servido a Franco y seguir siendo fieles a su memoria. Y en marzo del mismo año, en el primer congreso del partido, reivindicaron la memoria del dictador ante gritos de miles de simpatizantes que gritaban “¡Franco, Franco, Franco!”. En 1989, tras la dimisión de Antonio Hernández Mancha, la formación política se refundó dando lugar al Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza.

La mayoría de los políticos del PP no reconocen la experiencia de la Segunda República como la primera democracia del país, según ha señalado en varias ocasiones Esperanza Aguirre, exministra de Educación y expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid. Aguirre incluso ha llegado a culpar a la República y al PSOE de la guerra civil, asumiendo todos los mitos de la dictadura sobre la violencia y la ilegitimidad del gobierno salido de las elecciones de febrero de 1936. En las filas populares siempre insisten en reivindicar la etapa que arranca con la Transición como la primera democracia de España, aunque sólo ocho diputados de los 16 que obtuvo AP en las elecciones de 1977 (13 de ellos antiguos ministros de la dictadura) votaron a favor de la Constitución de 1978, mientras que cinco votaron en contra y tres se abstuvieron. Aunque nadie lo diría hoy con los golpes de pecho que se dan al defender la carta magna del 78. O quizás por eso lo hacen: quieren pasar por ser los más constitucionalistas para ocultar una decisión poco gloriosa. Obviamente, estos orígenes marcan impronta en el Partido Popular.

En estos últimos cincuenta años, el partido no ha condenado la dictadura en un acto solemne e Institucional. Lo que hizo fue impulsar en 2002 en la comisión constitucional del Congreso una proposición sin rango de ley, negociada con el PSOE, en la que, en su punto condenatorio, rechazaba el uso de la violencia para imponer “convicciones políticas” y “regímenes totalitarios”, pero con un lenguaje lo suficientemente ambiguo para que la frase pudiera atribuirse también el bando republicano, que es lo que hace hasta hoy la derecha. El tercer punto de la proposición consagraba el reconocimiento moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y de “cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista” (al menos en este punto se llamó al régimen por su nombre). El PP contaba entonces con la mayoría absoluta en el Congreso; los demás grupos retiraron sus propuestas alternativas y aprobaron la del PP, asumiéndolo como un mal menor ante el hecho que por primera vez en la actual etapa democrática se abriera la puerta al reconocimiento de las víctimas del franquismo.

Subrayo que esto sucedió en 2002, a los 27 de la muerte del dictador. En muchas otras ocasiones el PP se ha negado a condenar la dictadura argumentando que ya lo hicieron en el Congreso aquel año. En 2003 se opuso a participar en un homenaje a los represaliados del franquismo con ocasión del 25 aniversario de la Constitución y se negó a aprobar una propuesta para anular los juicios políticos de la dictadura. Tampoco apoyó en 2007 la primera ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la llamada Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Memoria Democrática en 2022, alegando que ambas reabrían heridas y que no era conveniente remover el pasado.

La cuestión es que no se pueden abrir heridas que nunca se cerraron. El país sigue con miles de ciudadanos tirados en cunetas y campos. A pesar de ello, el senador conservador José J. Peñarrubia sostuvo en 2015 que no había demanda para exhumar más víctimas ni descubrir más fosas, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, y tildó al PSOE de “cansino” en el tema. Ese mismo año, el Partido Popular también votó en el Congreso en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe o José Antonio Primo de Rivera. En 2018 se abstuvieron en el Senado, junto con Ciudadanos, en la votación de una moción de condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo.

El Gobierno de Mariano Rajoy no derogó la ley de Memoria Histórica, pero en la práctica la dejó en suspenso porque no destinó ni un solo euro para su ejecución, de lo que alardeó el propio Rajoy. Por contra, se quejó en 2017 del cambio de la calle Salvador Moreno por Rosalía de Castro en Pontevedra, obviando que ese almirante fue un militar golpista en 1936 que bombardeó Gijón y a la población que huía de Málaga a Almería y tuvo distintos cargos de responsabilidad en la dictadura. De hecho, el Grupo Popular se opuso al cambio de denominación de la vía pública en el pleno municipal. En 2018, el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se opuso a retirar la condecoración al policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, acusado de torturas. Ni siquiera les pareció bien la exhumación en 2019 del dictador Franco de la basílica del valle de Cuelgamuros, donde reposaba en una tumba faraónica con todos los honores. Ya habían votado dos años contra de una PNL del PSOE sobre esta cuestión.

Tampoco han ayudado al PP a superar su pecado original los compadreos y pactos con Vox, partido de extrema derecha que defiende abiertamente las bondades de la dictadura. Desde su llegada en 2023 a muchos gobiernos autonómicos, han derogado las leyes de memoria democrática en Aragón, Extremadura, Cantabria, Valencia o Baleares.

Aparte de estas actuaciones contrarias a la reparación de las víctimas de la represión, los conservadores tienen a sus espaldas un reguero de declaraciones de dirigentes que revelan su actitud frente a la dictadura. “¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?”, decía el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en 2007. El defenestrado presidente del PP Pablo Casado manifestó en 2009, cuando era el líder de Nuevas Generaciones en Madrid, que en la izquierda eran unos carcas porque estaban “todo el día con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién”, a pesar de que su propio abuelo médico fue represaliado por ser ugetista. En 2014, Rafael Hernando, recurrente diputado y senador popular, acusó a las víctimas del franquismo de acordarse de sus familiares “sólo cuando hay subvenciones”. La diputada por León y portavoz actual del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, cuando era senadora en 2019 criticó en la cámara alta que se destinaran 15 millones de euros para “desenterrar unos huesos”, en alusión al presupuesto destinado a las exhumaciones de fosas en vez de mejorar los salarios de jueces y fiscales. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó el pasado verano que en este curso político se iba a “empezar a cavar la fosa” del gobierno de coalición. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, autorizó en 2020 la retirada a martillazos de la placa conmemorativa del socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y presidente del Gobierno durante la Segunda República, en su casa natal de Madrid. Un año antes autorizó quitar las placas con los nombres de los 3.000 fusilados del memorial en el cementerio de Este junto con los versos de Miguel Hernández. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se niega a colocar una placa en el edificio de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol que recuerde que fue sede de la Dirección General de Seguridad y espacio de torturas, pese su declaración de lugar de memoria. El Gobierno madrileño ha cancelado además todos los cursos de formación para profesores de secundaria que tengan que ver con el franquismo y la memoria democrática argumentando que tienen un claro sesgo ideológico.