Los de Yolanda Díaz pusieron un plazo de un mes para aprobar la regularización extraordinaria pero los últimos movimientos de Junts complican aún más su aprobación

Sumar quiere acelerar la regularización extraordinaria para enfrentar el relato de la extrema derecha sobre inmigración

Sumar marcó octubre en rojo como fecha límite para que el Gobierno impulsase una regularización extraordinaria de inmigrantes, a la luz de que la iniciativa popular que trabaja el Congreso lleva bloqueada muchos meses ya. Pero, a pesar del ultimátum que dio el socio minoritario de la coalición, apenas ha habido movimientos en estas últimas semanas muy agitadas en lo político. En la parte socialista del Ejecutivo únicamente contemplan la vía parlamentaria, que se ha complicado mucho más en estos días con el último portazo de Junts a los partidos de la coalición, quién sabe si el último.

Aunque la política va muy rápido, hace apenas un mes el debate se centraba alrededor de la inmigración. Traicionado por Vox, el PP había presentado una serie de medidas sobre política migratoria que llevaron a Sumar a insistir en la idea de una regularización como forma de combatir el mensaje de la derecha y la vinculación con la seguridad. “La mejor defensa de las personas migrantes es que tengan derechos”, defendió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Por eso pidieron al PSOE abordar una regularización con carácter inmediato. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, incluso puso como límite octubre. “Las cuestiones técnicas no nos interesan, lo que nos interesa es que se produzca cuanto antes”, dijo cuando los periodistas le preguntaron si para ello apostaban por la vía de la ILP en el Congreso o pedían que el Gobierno elaborase un real decreto.

Desde entonces no se han producido movimientos significativos. En el Congreso la iniciativa popular sigue estancada y, aunque el grupo parlamentario ha intentado concertar reuniones con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, hasta ahora no ha sido posible. Fuentes del Gobierno trasladan que de momento “no hay novedades” y que siguen pendientes de la tramitación parlamentaria.

Pero las negociaciones en el Congreso son ahora, si cabe, más complicadas que nunca después del movimiento de Junts. Los siete diputados independentistas anunciaron que bloquearán todas las leyes en tramitación que provengan del Gobierno o de PSOE y Sumar. Y aunque no mencionaron específicamente la ILP, que proviene de los movimientos sociales con más de 600.000 firmas recogidas, la iniciativa es una de las prioridades políticas para el Ejecutivo.

La negociación de esta medida no ha sido fácil desde el principio. A pesar de que la tomó en consideración la mayoría de la investidura, ya en aquel debate quedaron expuestas las diferencias ideológicas que separan a un bloque en el que conviven partidos heterodoxos en sus posiciones políticas, desde Junts y PNV hasta Sumar y Podemos.

La formación de Ione Belarra quiere incluir a todas las personas hasta la entrada en vigor de la ley mientras que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, quiere acotar la medida a las personas con contrato de trabajo o que realicen una actividad económica, aunque se mostraron abiertos durante la negociación a ampliar esos criterios.

Y Junts hasta ahora no quería avanzar en cualquier negociación sobre este asunto si no se tramitaba su ley para traspasar las competencias de inmigración a Catalunya, un texto que tumbó precisamente Podemos hace apenas unas semanas. De hecho, las enmiendas que registraron los independentistas catalanes para esta ley hablaban específicamente de traspasar las competencias.

Pero ahora, Junts parece haber agotado cualquier incentivo para apoyar cualquier iniciativa en el Congreso que no responda a sus intereses y la ILP no figura ni mucho menos entre las prioridades del partido.

Ante el bloqueo de la iniciativa, algunas voces en Sumar empezaron a reclamar otras vías que sorteasen la negociación parlamentaria. De ahí que Lara Hernández dijese aquello de que las “vías técnicas” no eran lo importante, sino la voluntad del Gobierno en sacar adelante una regularización que podría abarcar a más de medio millón de personas. Una vía como la del real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso, es la que utilizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y también la opción que recientemente ha reclamado Podemos al Gobierno. Pero en aquel momento se hizo mediante el desarrollo del reglamento de una reforma de la ley de Extranjería aprobada dos años antes. Había ya un mandato del Congreso para hacerlo, que es en realidad lo que habilitaría la ILP.

Ya entonces, cuando Sumar pronunció su ultimátum, en el Gobierno descartaron cualquier vía diferente a la parlamentaria. Y según las fuentes consultadas, nada ha cambiado en los planes del Ejecutivo a pesar de que ahora el camino del Congreso es más sombrío que nunca. Ya no valdría ni siquiera la opción de un decreto-ley que tuviese que convalidar la Cámara Baja porque Junts ya ha dejado claro que votará en contra de todo lo que provenga del Consejo de Ministros. No obstante, desde el grupo parlamentario no pierden la esperanza de que se puedan abrir nuevas vías de negociación en el Congreso en las próximas semanas para restaurar los puentes ya no solo con Junts sino con el resto de formaciones que deben ponerse de acuerdo para sacar una iniciativa como esta.

“Estamos negociando de continuo en todos los ámbitos en los que es necesario, cuando estamos en una negociación y se apagan los micrófonos es porque estamos trabajando”, afirmó la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, preguntada por esta ley el pasado martes en rueda de prensa. Aunque reconoció que nada de lo trabajado hasta ahora tiene una “incidencia real” reseñable como para entender que ha avanzado la negociación. “Las cuestiones de la ILP son las de siempre y estamos buscando la mejor estrategia para sacarla adelante”, cerró.

Las negociaciones se producen en un momento en el que algunas voces de izquierdas empiezan a pedir hablar de la inmigración de otra forma. “Le pido a la izquierda que hablemos de seguridad, sin la exageración de unos ni la negación de otros, que hablemos de inmigración”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en su intervención en el Congreso el miércoles, durante la comparecencia de Pedro Sánchez. “Basta poner la oreja cinco minutos en un barrio para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, son un reto para los barrios que se tiene que basar en la seguridad, la integración y el respeto”, añadió, en un discurso que otras voces del resto de partidos de la izquierda han criticado por asumir los marcos discursivos de la derecha y la extrema derecha en este ámbito.