El instructor del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, basándose en un informe de la UCO, señala que Acciona y Servinabar se habrían "concertado" para lograr de manera ilícita adjudicaciones públicas.

Tal y como refleja un auto conocido por LA RAZÓN, el entramado funcionaría de manera que, cuando Acciona obtenía una obra pública, la empresa vinculada a Santos Cerdán recibía "el 2% neto del importe de la adjudicación" a modo de contraprestación.

Esta relación económica investigada se habría dado en, al menos, tres proyectos (Sevilla, Logroño y Sant Feliú de Llobregat) y estos beneficios suponían el 75,33 de los abonos percibidos por Servinabar procedían de dichos contratos. Eran "su muy principal fuentes de ingresos", refleja el magistrado Leopoldo Puente.

El exCEO de Acciona Justo Vicen

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