El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha levantado el secreto de la pieza en la que ordenó, el pasado viernes, ocho registros vinculados a la investigación sobre posibles adjudicaciones irregulares de obras públicas. Aquellas entradas incluyeron las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, así como las empresas Erkolan y Noran, situadas en San Sebastián y supuestamente conectadas con Servinabar.

A partir del informe elaborado por la UCO —fechado el 11 de noviembre— Puente ha decidido dar un paso más. Ese documento apuntaba a indicios relacionados con la adjudicación de contratos públicos y señalaba directamente a tres responsables de Acciona. Entre ellos destaca Tomás Olarte, apoderado de Acciona en la UTE de Belate, cuya intervención aparece repetidamente en las escrituras vinculadas

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