SAN SALVADOR (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a tres ciudadanos salvadoreños deportados por Estados Unidos y pidió a El Salvador que proteja su integridad personal y termine con la incomunicación prolongada con sus familiares y abogados.

William Alexander Martínez Ruano, de 21 años; José Osmín Santos Robles, de 41, y Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22, fueron detenidos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 en Estados Unidos y deportados entre marzo y abril a El Salvador.

Según la resolución, publicada el martes, el Estado salvadoreño informó que Martínez Ruano y Santos Robles se encuentran bajo custodia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana y que Sigarán Cruz, a quien calificó como “miembro activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS13)”, está en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) desde el 15 de marzo.

Ante la incomunicación con los detenidos pese a intentar dar con su paradero, dos familiares y un abogado interpusieron en mayo y agosto demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de El Salvador, mientras que la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (CDHD) presentó tres solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH.

La CIDH otorgó las medidas cautelares al considerar que hay un “grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal”. Este tipo de protección es otorgada por el organismo internacional para prevenir daños irreparables.

Pese a recibir información estatal sobre los detenidos, la Comisión consideró que el “Estado no desvirtuó la incomunicación de los propuestos beneficiarios, pese al pedido expreso de la CIDH que se pronuncie sobre la posibilidad de visitas de sus familiares y abogados de confianza”.

“No dio respuesta que permita evidenciar que los propuestos beneficiarios tengan algún contacto con el exterior, o que existen posibilidades de tramitar una visita mediante procedimientos establecidos en el país”, insistió.

La Comisión reiteró que es importante que las personas detenidas mantengan vínculos con familiares y abogados y recordó que en septiembre de 2025 dictó medidas cautelares a favor de los detenidos Salvador Enrique Anaya y Ruth Eleonora López, abogados críticos del gobierno, con el mismo fin.

Según la abogada Jayme Magaña, del movimiento Alas por la Libertad, las personas privadas de libertad en El Salvador generalmente no tienen comunicación ni con sus familiares ni con sus defensores.

“Ninguno de nosotros tiene acceso a eso, en estos casos particulares de régimen donde las personas han sido detenidas de manera arbitraria, debería tener acceso el abogado y la familia a la persona. Es algo que viene diciendo la CIDH desde el inicio del régimen de excepción”, dijo la abogada a The Associated Press.

De lo contrario consideró que el caso puede ser una “desaparición temporal por autoridad pública” ya que no saben “si están vivos o están muertos”.

En su respuesta, el Estado salvadoreño advirtió a la CIDH que debe evitar constituirse en un mecanismo “instrumentalizado para la gestión de casos con antecedentes criminales o vinculadas a procesos penales abiertos”, según la misma resolución.