Ciudad de México. Aunque organizaciones defensoras de pueblos indígenas reconocen los avances a nivel constitucional que los considera como sujetos de derechos, aún enfrentan en la práctica desafíos en sus territorios, que son afectados por actividades extractivistas, “proyectos de desarrollo que vulneran sus comunidades a través del despojo territorial, el racismo estructural, la folclorización de las identidades”, junto con amenazas y actos de violencia en contra de defensores comunitarios.

Así lo expresaron integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otros, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados

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