El Congreso de la República de Perú no alcanzó este miércoles los votos necesarios para inhabilitar por diez años a la exprimera ministra Betssy Chávez. La votación resultó en 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, quedando por debajo de los 66 votos requeridos para aprobar la sanción. Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, fue acusada de participar en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el expediente será remitido al archivo debido a la falta de apoyo suficiente. El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentado por Jorge Montoya, sostenía que Chávez había violado varios artículos de la Constitución al apoyar la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”. Durante la discusión, se destacó que la exjefa de Gabinete no presentó descargos en su defensa, lo que llevó a que el trámite se considerara absuelto. El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, argumentó que tanto ella como Castillo son “perseguidos políticos” y cuestionó la imparcialidad del proceso legislativo. A pesar de la decisión del Congreso, se han presentado al menos tres pedidos de reconsideración, lo que podría reabrir el debate sobre la inhabilitación. Si la inhabilitación hubiera sido aprobada, Chávez no podría postularse en las elecciones de 2026, donde había manifestado su interés en participar por el partido Juntos por el Perú. Además, existe otro informe en su contra que también recomienda impedir su acceso a cargos públicos durante diez años. La situación de Chávez se complica aún más, ya que el gobierno interino de José Jerí ha confirmado que no podrá viajar a México hasta que se resuelva su salvoconducto. La embajada mexicana en Lima está bajo vigilancia de la Policía Nacional del Perú, mientras que el gobierno mexicano cubre los gastos de su estadía hasta que se defina su situación. Este desenlace marca un capítulo más en la tumultuosa política peruana, donde las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo continúan en aumento, especialmente en el contexto de las elecciones futuras y la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país.