La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado ha desatado una tormenta política con reacciones opuestas. Mientras el Gobierno acata la sentencia pero defiende la inocencia de Álvaro García Ortiz, la oposición exige responsabilidades políticas al más alto nivel y pide de nuevo que dimita Pedro Sánchez.

Moncloa: acatar sin compartir

La postura del Ejecutivo ha sido clara: respeto institucional, pero rechazo de fondo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado que, aunque tienen el «deber legal» de acatar el fallo, también sienten el «deber moral» de manifestar su desacuerdo. «El Gobierno siempre ha creído y defendido la inocencia del fiscal general», afirmó.

Fuentes gubernamentales han confirmado que en los próximos días se iniciará el proceso para nombrar

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