En julio de 2024 la empresa hidroeléctrica Urrá era noticia por una denuncia hecha por Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda y representante de los intereses de la Nación en esa empresa de servicios públicos en la que esa cartera es socio mayoritario, con un 98,99 por ciento de participación.

Primero ante el Consejo de Ministros y luego ante la Fiscalía, Bonilla presentó evidencias según las cuales según la cual en la Hidroeléctrica de Urrá se venía dando una multimillonaria firma de contratos de venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.

La información técnica recaudada revelaba que durante el primer semestre de ese año diez empresas comercializadoras -varias de ellas con marcada influencia en círculos del poder- hicieron sigilosamente u

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