“El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”. Sin caer directamente en las acusaciones de guerra sucia judicial o ‘lawfare’, como sí han hecho ministros del socio minoritario de la coalición de Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, visibilizó con esta fórmula un nuevo choque institucional con el poder judicial tras la sentencia condenatoria del Supremo al Fiscal General del Estado. Lo hizo en una solemne declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa -sin preguntas- donde también destacó de Álvaro García Ortiz su “compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad” , pese a la condena con una pena de inhabilitación y multa por revelación de datos res

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